El panorama actual revela una preocupante intensificación en la escasez de espacios residenciales destinados a la población de edad avanzada en España. Datos recientes subrayan la urgencia de crear una gran cantidad de nuevas plazas, tanto para satisfacer las necesidades inmediatas de individuos con alta dependencia como para lograr una cobertura óptima a nivel nacional. Esta situación pone de manifiesto la presión demográfica y la necesidad imperante de reforzar los servicios de cuidado a largo plazo en el país.
Alarmante Aumento de la Demanda de Plazas Residenciales para Ancianos
En enero de 2026, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España lanzó una voz de alerta sobre el alarmante crecimiento del déficit de plazas residenciales para personas mayores en el país. Según sus estimaciones, España requiere más de 50,000 nuevas plazas para cubrir la demanda actual de individuos con dependencia severa o gran dependencia. Además, para alcanzar la proporción ideal de cinco plazas por cada cien personas mayores de 65 años, la cifra ascendería a casi 100,000.
Entre 2021 y 2025, la oferta de plazas residenciales se expandió en 23,075 unidades, llegando a 412,109 plazas a principios de 2025. Este incremento, del 4.3% respecto al año anterior, contrasta con el aumento de más de 800,000 personas mayores de 65 años en el mismo periodo. La ocupación total de estas plazas alcanzó el 82.4%, acogiendo a 339,065 usuarios, lo que representa un aumento de 62,634 personas en un año y confirma la vital necesidad de estos centros ante el envejecimiento poblacional y la creciente dependencia.
Sin embargo, el déficit de plazas sigue en ascenso. Si en 2014 faltaban 53,103 plazas para cumplir con la ratio del 5%, en el último año esta cifra casi se duplicó, alcanzando las 96,916. Las comunidades autónomas más afectadas por esta carencia son Andalucía, con 36,327 plazas deficitarias, y Valencia, con 26,929, sumando ambas casi tres cuartas partes del total. En contraste, Castilla y León presenta un excedente de 16,712 plazas.
En cuanto a la financiación, el 71.1% de las plazas residenciales, que suman 292,986, cuentan con algún tipo de financiación pública, incluyendo centros públicos, plazas concertadas y aquellas cubiertas por la prestación vinculada al servicio. Este porcentaje ha crecido consistentemente desde 2015, alcanzando 2.88 plazas financiadas públicamente por cada 100 personas mayores de 65 años, la proporción más alta hasta la fecha. Castilla y León, junto con Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón, lideran la cobertura de plazas públicas, mientras que Canarias, Murcia y Valencia muestran los niveles más bajos.
Finalmente, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales señala que la edad promedio de los residentes en estos centros ronda los 85 años, una tendencia al alza que refleja tanto el aumento de la esperanza de vida como el deseo de las personas de permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible antes de buscar cuidados residenciales.
El continuo aumento en la necesidad de espacios residenciales para la tercera edad nos obliga a reflexionar sobre la preparación de nuestra sociedad para el envejecimiento. Es crucial que las políticas públicas se adapten a esta realidad demográfica, impulsando inversiones y estrategias que no solo incrementen el número de plazas, sino que también garanticen la calidad y accesibilidad de los servicios. La dignidad y el bienestar de nuestros mayores dependen de una respuesta efectiva y solidaria a este desafío creciente.